lunes, 20 de septiembre de 2010

Hay Que Desarmar Al País





Blanco Brito




   Venezuela en la actualidad afronta el peor momento de su crisis delictiva, se estima que existen cerca de 10 millones de armas ilegales en el país. Sin embargo la fuente no es clara con respecto a estos datos, aseguran los organismos de la estadística, que en Venezuela existen entre 8 y 10 millones de armas ilegales pero, habría que preguntarse, ¿Se trata de armas de origen ilegal o armas legales en situación de ilegalidad?. Hay que puntualizar la diferencia entre poseer una arma ilegal y un arma legítimamente obtenida pero sin facultad para portarla, es decir, no es lo mismo hablar de un arma hurtada o robada que un arma que se compró legalmente y cuyo porte ya expiró.


  Sea cual sea la definición estadística el problema yace en la cantidad de armas de fuego que se ven involucradas en la comisión de distintos delitos a lo largo y ancho del país. Pero la culpa no solamente se centra en el colectivo, el Estado Venezolano nunca se preocupó en establecer una verdadera política de control de armas, incluso la ley que rige la materia es obsoleta y abstracta si se quiere. Por supuesto que es un problema que no data de la actual administración Chávez, ha sido un tema que ha pasado como la "papa caliente" de gobierno en gobierno pero que ya debe tomarse en serio. Por esta razón vemos rodando entonces el tema de una ley desarme pero ¿Se trata de una ley que pone más trabas a quienes portan armas legalmente o se trata de un instrumento que pone fin al flagelo?

   Cuando los problemas son radicales, así han de ser las soluciones, el problema de las armas no va a solucionarse con una ley que sirva de paliativo, no se trata de reducir el número de armas ilegales sino que éstas no vean lugar para existir. En una opinión muy personal y busca de que el venezolano viva mejor la Ley desarme debería ser como su nombre lo indica una ley que prohiba el uso definitivo de las armas para el ciudadano común, tiene que nacer como una ley que establezca que en un país como el nuestro, solo la Fuerza Armada y los Cuerpos de Policía habrán de portar armas de fuego, dejando sin efecto los portes y estableciendo que todos quienes posean un arma legalmente adiquirida, las mismas quedarán destinadas a permanecer en el inmueble del propietario con el único fin de servir de resguardo en las situaciones que contempla el Código Penal. En otras palabras, Venezuela debe convertirse en un país donde solo las autoridades puedan portar armas pero esta ley debe apoyarse en un operativo que involucre todas las policías del país con apoyo de la GNB para en un período de 3 a 5 años, haber recuperado las armas ilegales en Venezuela, con campañas públicas que permitan a la sociedad seguir que dichas armas  sean destruídas públicamente.


   El desarmar al país increíblemente les aseguro que despertará incomodidad para muchos, incluso para quienes hayan sido víctimas del hampa, pero como sociedad y país debemos asumir de una vez por todas que en la actualidad no tenemos la madurez como pueblo de ser portadores de armas que a la final terminan en manos del hampa, asesinando gente inocente, arreglando disputas en cualquier discoteca o peor aún celebrando el resultado de algún caracas - magallanes. Ante esto es prioritario que asumamos de una vez por todas que el bien común debe prelar por encima del interés personal y que si queremos vivir en paz todos debemos colaborar en resolver una problemática cuya premisa pareciera ser que nuestra vida no vale nada, cuando cada venezolano, pobre o rico tiene derecho al primer bien tutelado por el Estado, la vida.

lunes, 16 de agosto de 2010

La verdad no prescribe

   El Caso en cuestión al que se hace referencia en esta oportunidad es al Caso Carmona Vásquez, abogado asesinado, en el sector de Mariperez en Caracas un 28 de Julio de 1978.  Ramón Carmona Vásquez penalista, caso que conmueve al país ya que se acusa a la policía de estar involucrada en la acción. La fiesta electoral que vivia Venezuela  en aquel momento no impidió que el presidente Carlos Andrés Pérez anunciara la destitución de Manuel Molina Gásperi, director de PTJ, por estar presuntamente incurso en el caso, posteriormente  siendo señalado de esa muerte al grupo "G.A.T.O." de la policía judicial.



   Todo comienza entonces cuando un día cualquiera, uno de nuestros miembros de ésta comunidad, lee una sentencia y un artículo de prensa en donde la familia del abogado asesinado, casi treinta años después, no había recibido indemnización por los daños y perjuicios causados. Pero como la verdad es del que la busca y obtiene, Werther Blanco Brito para 1999 comienza a indagar un poco más de cómo nace el asunto. Hoy 32 años después del crimen, Blanco Brito luego de 10 años de indagar entre papeles, verdades a medias, expedientes extraviados y muchas notas de prensa, nos presenta lo que llama el "Informe BETA", una teoría que jamás se manejó en el juicio y que hasta la familia de la víctima plasmó en un libro sobre el caso. Hoy 32 años después Blanco asegura que " En el  caso Carmona fueron burladas dos familias, una policía y un país".
 
 
  "Luego de tantos años de buscar una verdad clara (que aún así no la obtuve), el Caso Carmona se muestra tomando en cuenta una factible teoría B, en donde el Estado, a través de sus más altas esferas y los capitales extranjeros que invertían en negocios y conciencias venezolanas, dejó el caso quedó tan ´claro´ que confunde.
 
   Nunca realicé indagaciones para limpiar o ensuciar la reputación de nadie, pero está claro después de tantas inconsistencias, que el o los cerebros del crimen jamás pagaron. Resulta imposible ya a estas alturas, basados en las premisas de Edmond L. que aseguraba que ´El Tiempo que pasa, es la verdad que huye´,  podamos determinar responsabilidades hoy día, sin embargo, es menester de esta profesión demostrarle a un país, que la verdad no prescribe."
 
   El Informe Beta sólo busca resaltar puntos que jamás se tomaron en cuenta en un juicio. Estableciendo una serie de hipótesis que en pro de la verdad, se busca demostrar las fallas que tuvo la ingenua defensa de Molina Gásperi y lo conformista que se fue con la hipótesis que arrojó culpables, en un caso donde según Blanco Brito "Se burlaron de la familia de Carmona, de la de Molina Gásperi, se institucionalizó la política en la Seguridad del Estado y se burló a un país con un juicio que no hizo pagar ni indemnizar a nadie". 
 
  Un caso en donde hoy en día, con una perspectiva más fría, con un análisis de las posteriores administraciones presidenciales que tuvo Venezuela, logramos presumir que fueron los grandes intereses oscuros de la Administración de Carlos Andrés Pérez los que mataron a Carmona, los negocios, los ´rabos de paja´ hicieron aparecer un par de chivos expiatorios  que extinguieron el fuego de una sociedad que comenzaba a ser testigo de la corrupción y un mal manejo del país que terminó afectando como siempre a quienes menos tenían que ver. Quizás no haya santos ni demonios al final de todo este caso, lo que si podemos asegurar es que quienes pisotearon la verdadera ideología de AD, quienes manejaban el país para la fecha, solo trataban de apagar los incendios sociales con cubetas de coartadas, pagos y buen léxico, cubetas que al final resultaron tener más combustible.
 
 
Blanco: " Siempre habrá que sospechar de la idéntica muerte de Renny Ottolina y Molina Gásperi"